Ley de Prevención de Riesgos Laborales

El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios
rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.


Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los
trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la presente Ley su
pilar fundamental. En la misma se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas
acciones preventivas, en coherencia con las decisiones de la Unión Europea que ha expresado su ambición de
mejorar progresivamente las condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con una
armonización paulatina de esas condiciones en los diferentes países europeos.


De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente, la necesidad de armonizar
nuestra política con la naciente política comunitaria en esta materia, preocupada, cada vez en mayor medida,
por el estudio y tratamiento de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Buena prueba de ello fue la
modificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea por la llamada Acta Única , a tenor
de cuyo artículo 118 A) los Estados miembros vienen, desde su entrada en vigor, promoviendo la mejora del
medio de trabajo para conseguir el objetivo antes citado de armonización en el progreso de las condiciones de
seguridad y salud de los trabajadores. Este objetivo se ha visto reforzado en el Tratado de la Unión Europea
mediante el procedimiento que en el mismo se contempla para la adopción, a través de Directivas, de
disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente.


Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurídico europeo sobre protección de la salud de
los trabajadores en el trabajo. De las Directivas que lo configuran, la más significativa es, sin duda, la
89/391/CEE , relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de
los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención
comunitaria.


La presente Ley transpone al Derecho español la citada Directiva, al tiempo que incorpora al que será nuestro
cuerpo básico en esta materia disposiciones de otras Directivas cuya materia exige o aconseja la transposición
en una norma de rango legal, como son las Directivas 92/85/CEE , 94/33/CE y 91/383/CEE , relativas a la
protección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de
duración determinada y en empresas de trabajo temporal.


Así pues, el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2 de nuestra Ley de leyes y la comunidad
jurídica establecida por la Unión Europea en esta materia configuran el soporte básico en que se asienta la
presente Ley. Junto a ello, nuestros propios compromisos contraídos con la Organización Internacional del
Trabajo a partir de la ratificación del Convenio 155 , sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio
ambiente de trabajo, enriquecen el contenido del texto legal al incorporar sus prescripciones y darles el rango
legal adecuado dentro de nuestro sistema jurídico.