Presupuestos de gasto en Educación por comunidades autónomas. Evolución 2012-2017

11 septiembre 2017

Se mantiene un fuerte retroceso en la inversión en Educación de las comunidades autónomas desde el año 2012



De los presupuestos que cada comunidad autónoma dedica a la Educación dependen la calidad educativa y los servicios que se van a prestar, y ellos fijan las prioridades que en ese ámbito orientan las políticas de cada uno de los Gobiernos. Coincidiendo con el inicio de curso escolar, resulta interesante conocer la evolución que han sufrido los presupuestos educativos en las distintas CCAA.

Los datos que se presentan en la tabla adjunta, al final de este informe, ofrecen una comparativa de los presupuestos de gasto en Educación de las diferentes comunidades autónomas entre los ejercicios 2012 y 2017.

Al considerar el cómputo total para el 2017 de las cantidades presupuestadas de todas las comunidades autónomas (36.968,05 millones de euros), se observa que existe un incremento de un 3,93% del gasto público destinado a Educación con respecto al 2016. Este incremento, aun siendo positivo, mantiene las cantidades destinadas a educación en las comunidades autónomas lejos de las presupuestadas en el 2010 (39.616,11 millones de euros) y ligeramente inferiores a las del 2012 (37.288,8 millones de euros). Esto supone un 6,68% menos que en el 2010, es decir, 2.648,06 millones de euros menos con respecto a dicho año y un 0,85% menos que en el 2012.

Aunque en estos últimos años la variación en el total de las cantidades ha sido positiva y se muestra una ligera recuperación, la realidad es que tras cinco años las cantidades no alcanzan a las del 2012 y por tanto son inferiores a las del 2011 y del 2010 (37.563,48 y 39.616,11 millones de euros respectivamente).

No hay que olvidar los recortes acumulados que venimos sufriendo a lo largo de estos años con variaciones negativas desde el 2010 (-5,46% entre el 2011 y el 2010; -0,81% entre el 2012 y el 2011;-7,84% entre el 2013 y el 2012 y un -0,72% entre el 2014 y el 2013). Solo a partir del 2015 la cantidad total de todas las comunidades autónomas comienza un ligero ascenso (2,69% entre el 2015 y el 2014; 2,53% entre el 2016 y 2015). Estos porcentajes evidencian la grave disminución de la inversión y la dificultad de recuperar las pérdidas sucesivas que está padeciendo la educación en nuestro país, a pesar de los ligeros incrementos de los últimos años.

Los daños de estos recortes son tan profundos y sus consecuencias tan graves que, de no tomar medidas urgentes, puede continuar el deterioro que se ha venido generando.

Un dato positivo es que todas las comunidades autónomas aumentan sus presupuestos en Educación para este año 2017 con respecto al 2016.

Castilla–La Mancha, Extremadura, Murcia, Euskadi y Cantabria, incrementan su presupuesto en educación ligeramente entre un 0 y un 1,99%. Otras lo incrementan entre un 2 y un 4%: Madrid (2,26%), Galicia (2,85%), Andalucía (3,10%), Castilla y León (3,69%), Canarias (3,75%), Asturias (3,93%). Existe otro grupo con incrementos superiores: Comunidad Valenciana (5,04%), La Rioja (5,84%), Navarra (7,06%), Baleares (8,12%), Cataluña (8,52%) y Aragón (8,81%).

Las cantidades de gastos educativos entre el 2012 y el actual 2017 han experimentado una ligera mejoría en casi la mitad de las comunidades autónomas que tienen una variación positiva con respecto al primero. Como destacable, en Baleares se ha incrementado la inversión educativa un 15% más que en el 2012; en La Rioja, un 11,4%, y en Navarra un 7%. Por el contrario, Madrid y Asturias son las comunidades con mayor recorte (-6,54% y -6,20% respectivamente), seguidas de Castilla-La Mancha (-3,23%), Comunidad Valenciana (3,16%) y Canarias, con un 3% de descenso. Las comunidades autónomas con una variación negativa menos acusada con respecto al 2012 son Galicia, Murcia y Andalucía, que van desde un -0,03% de Galicia, al -2,39% de Andalucía.

Si tenemos en cuenta el total de todas las comunidades, la variación de la inversión entre estos dos años (2012-2017) ha sido de un -0,85%, como ya se ha indicado anteriormente.

Tomando como referencia el 2010 como año de inicio de la crisis, la diferencia entre ese año y el actual es de un -6,68%, 2.648,06 millones de euros menos en un solo balance. Castilla-La Mancha es la que ha sufrido mayores recortes, un 26,63% menos que en el 2010, seguida de Castilla y León (-10,48%) y de Murcia (-10,28%). Existe un grupo numeroso con un recorte educativo ligeramente inferior al -10% con respecto al 2010, como son Asturias, Cataluña, Canarias y Galicia. En el lado opuesto, solo Baleares, La Rioja y Aragón han conseguido superar las cantidades del 2010 en un 10%, un 2% y un 0,05% respectivamente.    

No podemos olvidar los recortes introducidos por la Administración central que obliga a cumplir a las comunidades autónomas con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera conforme a la normativa básica estatal. Con la excusa de equilibrar las cuentas del Estado, el Gobierno central ha venido recortando el gasto social y ha impuesto unas durísimas medidas que están ocasionando graves consecuencias al sistema educativo, y fundamentalmente al profesorado.

Todas las comunidades autónomas han ajustado sus presupuestos, pero unas más que otras, mostrando así las prioridades políticas. Lo adecuado hubiera sido que, al menos, los presupuestos anuales se hubieran ido manteniendo o incrementando de acuerdo con las necesidades educativas y demandas sociales. Unos presupuestos que hubieran dado respuesta adecuada a estas finalidades y a unos objetivos cada vez más ambiciosos dentro de un sistema educativo avanzado y próximo a los países de nuestro entorno.

Los recortes que se vienen sufriendo han sido tan grandes, y con ellos han desaparecido tantas acciones educativas, que han supuesto un retroceso histórico, empeorando los servicios, deteriorando las condiciones laborales del profesorado, con pérdida del poder adquisitivo, destrucción de empleo público y pérdida de derechos adquiridos. Además, las diferencias significativas entre las comunidades respecto al gasto educativo pueden repercutir en la calidad de la educación y generar desequilibrios y desigualdades.

Es cierto que los Presupuestos Generales del 2017 para Educación han experimentado un incremento (ENLACE) y que los presupuestos de las comunidades autónomas también lo han hecho, pero en su conjunto estos presupuestos siguen siendo insuficientes y se está muy lejos de recuperar las condiciones perdidas desde el 2010.

A pesar de la profunda crisis económica que estamos sufriendo hay que tener en cuenta que invertir en educación revierte en una serie de beneficios a medio-largo plazo no solo a nivel individual, sino también a nivel de desarrollo y avance social. La educación debe ser garantizada por los poderes públicos sin merma de su calidad y ha de situarnos en el ámbito internacional educativo que nos corresponde.

Repetidas afirmaciones de responsables de educación de la Unión Europea confirman que los recortes en la inversión educativa operan en dirección opuesta a la lucha contra el fracaso y el abandono escolar temprano, los dos grandes problemas de nuestro sistema educativo. Las restricciones en la educación podrán generar en el futuro problemas sociales y personales derivados de estas.

FeSP-UGT considera que la crisis no ha de ser la excusa para la disminución de la inversión educativa. Tanto el Estado como las comunidades autónomas deben seguir aumentando las partidas destinadas a Educación, en un porcentaje mayor, eso sí, tratando de conseguir que sean más eficaces y eficientes, optimizando los recursos existentes pero nunca reduciéndolos.

Por todo ello, hay que recuperar progresivamente la inversión perdida en educación, para que se pueda alcanzar al menos la media de la Unión Europea (5% del PIB), y así detener el retroceso que está sufriendo nuestro sistema educativo. Con respecto al PIB, en el 2015 España dedicó al gasto público en educación un 4,1% -un 0,3% menos que en el 2012 (4,46%)-, siendo el tanto por ciento más bajo de los últimos 11 años, según los datos del Ministerio, aún más bajo que en el 2005, cuando era del 4,31%. Con estas cifras, el objetivo de mejorar nuestro sistema educativo puede quedar cada vez más lejos.

Con respecto a los gastos recogidos en los distintos presupuestos y tras el análisis efectuado de dichos documentos para cada comunidad autónoma, se observa que los conceptos que componen dichos presupuestos no son iguales en todas ellas. Así, en algunas las cantidades presupuestadas para Educación incluyen otras áreas como son Cultura, Juventud, Deporte, Mujer, Universidad... Por ello, en las Consejerías donde se unen varias áreas, el total del presupuesto indicado no corresponde únicamente a los gastos educativos, sino que se reparte con otros conceptos.

Se vienen detectando disparidades entre comunidades autónomas en aspectos esenciales para una educación inclusiva y de calidad, que están generando una serie de desigualdades en el alumnado y que pueden dar lugar a comunidades autónomas de primera y de segunda. Diferencias en resultados académicos, en el rendimiento del alumnado, en repeticiones, en la tasa de abandono escolar prematuro…, y en las distintas medias específicas adoptadas por cada Administración educativa para mejorarlas. También se detectan diferencias en los índices de escolarización temprana, en plantillas y condiciones del profesorado, en la calidad de las infraestructuras, en los fondos destinados a medidas compensatorias  (becas, ayudas, comedores escolares…), entre otras. Todos estos indicadores y la evolución de los mismos están generando grandes disparidades entre comunidades y aumentan la brecha del gasto educativo. Mientras unas logran mejorar significativamente los índices en algunos aspectos, otras mantienen sus carencias. Por ello, venimos reclamando criterios estables que permitan un reparto equitativo de las inversiones y que no estén supeditadas a la voluntad política de turno, sobre todo en las medidas compensatorias.

FeSP-UGT considera que la intervención realizada por algunas Administraciones educativas gestionando con éxito sus deficiencias a través de políticas locales, estrategias o programes específicos han de intercambiarse entre Administraciones para activar las mejoras de una manera más armonizada.

Para FeSP-UGT, es necesario establecer un nivel básico de inversión pública y un fondo de cohesión interterritorial, con el fin de compensar las desigualdades territoriales y de asegurar una educación de calidad y en equidad, que permita garantizar la igualdad de oportunidades en todas las comunidades autónomas.

Asimismo, habría que potenciar la Conferencia Sectorial de Educación para establecer una estrategia común y coordinar las acciones en las políticas de gasto.