FETE-UGT reclama la paralización de la Lomce y exige medidas que permitan recuperar las condiciones laborales y salariales perdidas

7 septiembre 2015

La LOMCE llega a los cursos pares de Primaria (2º,4º y 6º), a los impares de la ESO y Bachillerato y a la primera evaluación de final de etapa para el alumnado de 6º de Primaria.

La implantación de la Lomce en Secundaria marca el inicio del nuevo curso escolar, especialmente porque el cambio de gobierno en una gran parte de CCAA ha dado lugar a una oposición a dicha ley. En este sentido existen autonomías que ya han tomado resoluciones para minimizar los efectos de la norma y/o retrasar su implantación.
Por otra parte, algunas CCAA están modificando los currículos aprobados por el PP, restando, por ejemplo, peso a la Religión, introduciendo la asignatura de Educación y Ciudadanía o fijando materias de libre configuración.


A todo ello hay que añadir los anuncios del nuevo ministro de Educación, tras aceptar las propuestas de las CCAA, referidos al retraso del calendario de las evaluaciones de las reválidas de Secundaria y Bachillerato.

Como ya apuntamos el curso pasado, la aplicación de la Lomce no ha rebajado la persistencia de recortes educativos y no ha solucionado los problemas que vienen soportando los docentes en cada cambio normativo. Su implantación genera inseguridad e incertidumbre en los centros escolares. El profesorado se ve inmerso y apremiado en implementar los cambios normativos de currículos, de cambio de asignaturas, de carga horaria… Esto se agrava además con las decisiones que ha de tomar la comunidad educativa para el cambio, reutilización de libros de texto o la adaptación de materiales didácticos a las nuevas materias.

La situación de normalidad en la vida cotidiana de los centros se percibe como una quimera. Es fácil encontrar situaciones como: plantillas incompletas, incremento de ratios, mayor carga horaria para el profesorado, deficiencias de recursos e infraestructuras…

Las propuestas recientes del Ministerio de reducir el horario del profesorado y las ratios y de aumentar la tasa de reposición hasta el 100%, no supondrán restituir los 50.000 docentes perdidos desde el 2008, además de resultar muy improbable su cumplimiento, supone el riesgo de generar una mayor desigualdad entre las CCAA ante la distinta forma de aplicar estas medidas.

El sindicato ha reclamado al Ministerio, en la Mesa de negociación constituida el 3 de septiembre, la urgencia de elaborar un plan de actuación que permita recuperar las condiciones laborales y salariales del profesorado, así como las mejoras para una educación de calidad y en equidad. La educación ha de ser una prioridad de Estado, por lo que los PGE han de incrementar su PIB  hasta alcanzar la media de la UE (5,3%).