Los PGE para 2017 son inadecuados y revelan que la Educación no es una prioridad para este Gobierno

4 mayo 2017

El proyecto de ley de Presupuestos Generales de Estado (PGE) para 2017, que en estos momentos se tramita en el Parlamento, destina al capítulo de Educación 2.525 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,67% con respecto a 2016 (42 millones). Sin embargo, ese ligero incremento nos retrotrae a cifras de 2007, ejercicio en el que la partida presupuestaria para educación se situaba en 2.483 millones. Estos presupuestos son, por tanto, continuistas e insuficientes, y no van a contrarrestar los recortes sufridos a lo largo de los últimos años. Además, revelan cómo la educación sigue sin ser un sector prioritario y estratégico para el Gobierno de Mariano Rajoy.

Pese a que en los últimos cuatro años se han producido ligeros incrementos en las partidas educativas, desde el año 2011 se han dejado de invertir alrededor de 3.436 millones de euros. Si a esa cantidad se le añaden los más de 3.000 millones restados tras la aplicación de los recortes, la cifra se sitúa en torno a los 6.500 millones menos, lo que da una idea clara de los efectos de la gestión de la crisis en el ámbito de la enseñanza y de cómo está afectando negativamente a la Educación de nuestro país.

El análisis de los PGE llevado a cabo por el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT muestra cómo de los 11 programas incluidos en la partida educativa solo tres aumentan sus partidas con respecto a 2016, siete han sido recortados, uno se mantiene igual, dos han aumentado ligeramente y solo uno tiene un incremento que puede considerarse importante. Dos programas fundamentales, como son Formación Permanente del profesorado y Educación Compensatoria, corren el riesgo de desaparecer.

El estudio evidencia cómo la inversión educativa para este año está no solo lejos de ayudar a contrarrestar los recortes, sino también de dotar a los centros educativos de los recursos suficientes para contribuir a corregir las desigualdades y las desventajas, y por eso son para UGT unos presupuestos inadecuados.

Estos presupuestos siguen alejando a España de la media de los países de la OCDE. Si en 2009 el gasto de nuestro país en Educación suponía el 4,99% del Producto Interior Bruto (PIB), la cifra no ha dejado de reducirse desde entonces. En 2011, era del 4,71%, y en 2015 descendió hasta el 4,23%, lo que nos situaba cerca del gasto de 2005 (4,31%). Mientras tanto, la media de la Unión Europea se sitúa en el 4,9% y la de los países de la OCDE en el 5,3%. Pese a todo ello, el porcentaje que España reserva para educación aún puede rebajarse más si el Gobierno cumple su compromiso con Bruselas de reducir el gasto educativo hasta el 3,7% del PIB en 2018.

Las pequeñas mejoras en las retribuciones de los empleados públicos que recoge el proyecto de ley no consiguen equilibrar las condiciones laborales y retributivas de los docentes. Los años de recortes y congelaciones salariales han conducido a una pérdida de poder adquisitivo de más de un 25% desde el año 2010 y han situado su capacidad adquisitiva en términos del año 2000. Para UGT, el incremento global previsto para este año en las retribuciones del profesorado, que no ha de superar el 1% respecto a 2016 y que se sitúa por debajo del IPC, es claramente insuficiente.

Por otra parte, sí supone un dato positivo la recuperación de la tasa de reposición del 100%, así como la incorporación de un proceso de estabilización del empleo temporal, que reducirá la tasa de temporalidad hasta el 8% en un plazo de tres años y supondrá reducir hasta un máximo del 90% la cifra actual de interinos, según el acuerdo firmado con las organizaciones sindicales. Estas medidas contribuirán a restablecer en parte los recortes en la oferta de empleo público que se ha venido produciendo a lo largo de los últimos años y que ha supuesto una disminución drástica de los puestos docentes, próxima a los 35.000.

En el ámbito universitario, el análisis presupuestario evidencia un vaivén entre partidas económicas, de modo que unas se incrementan a costa de otras, que se reducen, a lo que se añaden estructuras administrativas que desaparecen, mientras otras asumen su función. Estos cambios crean una apariencia de aumento de algunas partidas, y no un incremento real del gasto público en universidades.

A lo largo de los últimos años, las universidades públicas españolas han experimentado un drástico descenso global de las inversiones del Estado y de las comunidades autónomas, además de unas políticas draconianas en materia de dotaciones de personal. Esto ha deteriorado de una forma importante las plantillas tanto del Personal Docente e Investigador (PDI) como del Personal de Administración y Servicios (PAS), lo que ha puesto a las universidades en una situación crítica a la hora de ofrecer con eficacia y calidad sus servicios de educación superior y de investigación y transferencia científica. Una prueba añadida de ese desinterés gubernamental ha sido la exclusión de las universidades públicas del reciente Acuerdo para la Mejora del Empleo Público.

La crítica situación presupuestaria y de dotación de personal por la que atraviesan nuestras universidades públicas exige un plan de choque que contrarreste los recortes de personal y servicios generales sufridos en los años precedentes. Y, sin embargo, estos presupuestos no constituyen una respuesta adecuada a ello.

Para el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, estos presupuestos no van a consolidar la creación de empleo y el crecimiento de la economía, ni a preservar el Estado de bienestar, como el Gobierno asegura. Tampoco van a evitar el deterioro de las condiciones de trabajo, ni la pérdida del poder adquisitivo, ni la recuperación de todo el empleo público destruido…

Los recortes sufridos en el ámbito educativo han sido enormes y han conllevado la desaparición de muchas acciones educativas, lo que ha supuesto un gran retroceso y el empeoramiento de los servicios educativos y las condiciones de trabajo del profesorado. Para mantener la enseñanza en las mejores condiciones de calidad y equidad, el esfuerzo inversor ha de ser continuado, y es por eso por lo que UGT defiende una financiación que garantice un suelo mínimo de inversión pública con el que garantizar los servicios educativos esenciales. La inversión educativa  debe quedar fuera de contextos de restricción presupuestaria, para así situarnos en el ámbito internacional que nos corresponde.

UGT exige al Gobierno que priorice la educación como inversión de futuro. Solo así se garantizará la cohesión social y la igualdad de oportunidades.