Los trabajadores/as de los centros escolares deben poder realizar su actividad profesional en condiciones laborales que no perjudiquen a su seguridad e integridad física, psicológica y social. Para lograr este derecho, recogido no solo en la LPRL sino en la propia constitución española, demandamos:
1. La realización de las evaluaciones de riesgos laborales en los centros educativos. Evaluaciones no sólo de las condiciones generales centro, sino específicas de los puestos de trabajo existentes.
2. La inclusión de los riesgos psicosociales, de tan amplia incidencia en el sector, en dichas evaluaciones.
3. La realización de las medidas preventivas necesarias para eliminar o minimizar los riesgos detectados, determinando los fondos necesarios para realizarlas, definiendo quién las va a realizar y supervisando que se realizan de forma correcta. Evitando que la prevención se limite a una descripción de los riesgos existentes en el puesto de trabajo.
4. La inclusión de las enfermedades de origen psicológico como el estrés o la depresión, en el cuadro de enfermedades profesionales.
5. La creación de protocolos de actuación que especifiquen claramente los pasos a seguir, y las distintas responsabilidades y competencias, para los casos de:
- Acoso en el trabajo.
- Bulling, o maltrato entre adolescentes.
- Situaciones de violencia en las aulas.
6. La presencia, en todos los centros educativos, de un trabajador/a responsable de la prevención de riesgos laborales, logrando de esta forma el cumplimiento efectivo al derecho de los trabajadores a participar en la prevención de riesgos laborales en su lugar de trabajo.
7. Formar, a los trabajadores de la enseñanza, en la prevención de riesgos laborales de su entorno laboral. A través de la formación específica en cómo realizar su trabajo de forma segura y en las medidas preventivas a aplicar para los riesgos de su puesto de trabajo, incluyendo el área de salud laboral en la formación inicial del profesorado.
8. Introducir el área de salud laboral en el currículo escolar de todas las etapas educativas de acuerdo con el preámbulo de la LPRL y el Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral (1998). De esta manera los alumnos, desde sus primeras etapas de su desarrollo educativo, se irán familiarizando con la seguridad y salud en el trabajo, logrando que interioricen hábitos de conducta seguros que posteriormente sean más fáciles de reproducir, cuando sean miembros activos del estrato productivo.